Gas, de la abundancia a la necesidad y urgencia
Néstor O. Scibona
Domingo 12 de diciembre de 2010 | http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332718
La mayoría de los especialistas coincide en que el anuncio de YPF sobre explotación no convencional de gas natural en la cuenca neuquina es un hecho auspicioso, pero que sus alcances sólo podrán precisarse a mediano plazo. No fue éste, precisamente, el tono empleado por la presidenta Cristina Kirchner al oficializar el hallazgo, cuando prefirió el triunfalismo con que su gobierno suele magnificar cada buena noticia. Así, cualquier observador no muy informado podría deducir que la Argentina está cerca de recuperar su autoabastecimiento de gas y mantener los bajos precios (regulados y subsidiados) que catapultaron el consumo interno en los últimos años. La realidad, sin embargo, no se corresponde con esta perspectiva.
Una primera aproximación la aportó el propio gobernador del Neuquén, Jorge Sapag, cuando corrigió a la Presidenta señalándole que su provincia podrá contar con más fondos pero no en lo inmediato. Previamente, el subsecretario provincial de Energía, Héctor Mendiberry, había aclarado que, como son muy costosos de explorar y extraer, estos importantes recursos de shale gas (provenientes de arcillas) o tight gas (de areniscas más permeables) aún no están en condiciones de ser certificados para elevar de seis a 16 años el horizonte actual de reservas, como fue anunciado. A su manera, ambos apuntaron a una cuestión de la que suele hablarse poco en la Argentina: no basta con contar con recursos naturales si la inversión no es suficiente para extraerlos, para lo cual el precio es un factor clave. Quizás esto explique que, por cuerda separada, se conociera el acuerdo entre la Secretaría de Energía y el gobierno neuquino por el cual YPF podrá cobrar entre 4,5 y 7,5 dólares (por millón de BTU, la unidad de medida) el gas que extraiga de esos reservorios. Esta franja, que se aplicaría a otras petroleras con inversiones en esa cuenca, se ubica entre el piso establecido por el plan Gas Plus (por la producción adicional con nuevas inversiones) y el techo del gas natural importado (que llega desde Bolivia, o licuado en barcazas -GNL- para ser regasificado). Y resulta entre dos y tres veces más alto que el promedio que se reconoce a los productores locales (2,40 dólares) en los yacimientos convencionales.
A primera vista podría deducirse que, con precios más atractivos, las compañías aumentarán inversiones en exploración y producción que permitirían sustituir importaciones. Pero todo indica, por un lado, que estos incentivos se limitan a una porción marginal de la producción, frente a una demanda interna que no para de crecer y obliga a importaciones crecientes. Por otro, que el riesgo es mayor, no sólo a nivel geológico y de costos tecnológicos, sino porque hasta ahora los precios diferenciales se manejan con un alto grado de discrecionalidad. Una prueba de ello son los discretos resultados alcanzados con el plan Gas Plus en yacimientos convencionales. A través de este régimen, las petroleras primero deben invertir en nuevos pozos y acordar contratos con clientes mayoristas (industrias o generadoras eléctricas), pero el precio finalmente queda sujeto a la aprobación del Ministerio de Planificación. Por eso nadie en el sector está demasiado seguro, aun con el nuevo esquema para el shale o tight gas, de que ante una situación de escasez de gas no aparezca el llamado de algún funcionario (Roberto Baratta o Guillermo Moreno) para desviar el destino del suministro y desvirtuar la mejora de precios. Tampoco hay consenso de que éste sea el camino más directo para ampliar el acotado horizonte de reservas: sin ir más lejos, la Argentina cuenta con 19 cuencas de hidrocarburos (en el continente y en el mar) de las cuales sólo seis se encuentran en explotación por falta de incentivos y de seguridad jurídica para invertir.
El estancamiento de la producción de gas natural frente al aumento del consumo con precios virtualmente congelados (para usuarios residenciales y de GNC) obliga a aumentar importaciones y también subsidios. La Argentina dejó de exportar gas hace cuatro años y perdió el autoabastecimiento poco después. En números redondos, la demanda interna alcanza a unos 130 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales unos 110 millones son atendidos por producción local y el resto se cubre con importaciones desde Bolivia (unos 5/6 millones) y de GNL (8/14 millones), a través del buque regasificador arrendado desde 2008 en Bahía Blanca, al que próximamente se sumaría otro en la zona de Escobar/Campana. Aun así, en los picos de consumo invernal resultan insuficientes para abastecerla y por eso es necesario cortar el suministro de gas a industrias y a generadoras eléctricas (que deben utilizar combustibles líquidos aún más caros y subsidiados).
A cinco años vista
Este problema no podrá resolverse a corto plazo. Incluso, si tuvieran pleno éxito los proyectos de explotación no convencional de gas en la cuenca neuquina (y se ampliaran en 30% las reservas), los especialistas estiman que insumirá no menos de cinco años y enormes inversiones reemplazar el equivalente al volumen que se importa desde Bolivia.
Pero otro problema aún más difícil de resolver es cómo frenar la cuenta de subsidios del Tesoro, que a su vez presiona sobre la inflación. Según el ex secretario radical de Energía, Daniel Montamat, en 2010 sumarán 24.000 millones de pesos y, junto con los destinados a las tarifas del transporte (otros 20.000 millones), equivalen al total de la recaudación por retenciones agrícolas. Hace cinco años (en 2005) ascendían a 3000 millones, o sea que se multiplicaron por ocho sin que se haya mejorado en equidad social. De hecho, explica que los sectores más pobres que deben consumir gas en garrafas pagan un precio equivalente a 1,20 peso por metro cúbico, mientras que los usuarios conectados a redes abonan sólo 0,30. A esto suma que los precios regulados de la electricidad mayorista (120 pesos por MW/h) frente a costos de producción casi cuatro veces superiores por la escasez de gas (del cual depende el 50% de la matriz energética), obligan al Estado a compensar las diferencias con más gasto público. Por eso propone un período de transición de cinco años para corregir las distorsiones de precios y tarifas e incluir compromisos de inversión para aumentar la oferta. Su colega peronista Alieto Guadagni también coincide con la necesidad de un período similar, con un diagnóstico inquietante: “En julio de este año -explica- la balanza energética fue negativa (en 230 millones de dólares) por primera vez en 20 años. Se cierra un ciclo de dos décadas de energía abundante, barata y exportada y se abre otro de energía escasa, cara e importada”.
Es difícil saber si la presencia de Cristina Kirchner en YPF avalando mayores precios para la producción local, aun en forma limitada, significa una primera aproximación a esa perspectiva. Por lo pronto, sirvió para suspender de la propaganda oficial del fútbol por TV un engañoso aviso que rezaba: “Tenemos [sic] un buque que regasifica gas y lo inyecta en los gasoductos. Beneficios para un millón de argentinos”.
