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Las Provincias y la “nueva” YPF

Por Dario Arias, Director (off counsel de Resources Energy Consulting)

El 51% de las acciones (derechos políticos y económicos) de YPF, la principal empresa petrolera del país, será de propiedad del Estado Nacional (en un 51%) y de las provincias productoras (un 49% a repartirse de acuerdo a las reservas y producción de las mismas).

Ríos de tinta ya se han escrito en los últimos días en medios masivos y especializados sobre el tema. La “nacionalización” de una petrolera no es noticia de todos los días, y ha levantado polvareda en todos los rincones del planeta. Se discute acaloradamente si es legal, si convenía, si era oportuno, etc. apreciaciones que exceden el alcance de la presente nota pues todavía subsisten varios interrogantes que deberá dilucidar el Congreso como la distribución de las acciones entre las provincias, la toma de decisiones, la procedencia de la sindicación de acciones, la articulación del Consejo Federal de Hidrocarburos con otras organizaciones como la OFEPI, la constitución del directorio, y demás imprecisiones jurídicas.

http://www.eltribuno.info/salta/149932-Salta-y-su-participacion-en-la-nueva-YPF-expropiada.note.aspx?origen=metarefresh

Basándome en el todavía proyecto de ley girado por el PE al Senado, me permito exponer algunas precisiones e indicar algunas opiniones al respecto:

1. Los estados tienen el derecho (y la responsabilidad) de decidir sobre el futuro de los recursos naturales de los que son propietarios originarios (conf. Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea de la ONU del 14 de Diciembre de 1962, sobre la “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales”, Constitución Nacional, Arts. 17; 41; etc. Código Civil, Arts. 2339; 2342; 2518, etc., entre otros). Eso no está en discusión. Lo que se debatirá de ahora en más (y marcará la continuación de este proceso) es el cálculo y pago de la indemnización a los anteriores propietarios, privados de sus derechos por una ley de utilidad pública. Aquella deberá ser oportuna e íntegra; y de acuerdo al derecho internacional.

2. El desplazamiento de Repsol de la participación accionaria que ahora estará en manos del Estado nacional y provincias, lamentablemente no solucionará automáticamente (ni en el corto plazo) el problema de fondo (la falta de seguridad energética actual), ni un cambio en la balanza comercial (hoy con signo negativo en término de importación de combustibles) por las características propias de la industria hidrocarburífera, aún cuando todas las ganancias se reinviertan. Lo que faltan son reservas y producción, no empresas. Desde que comienzan los trabajos exploratorios, hasta que un campo entra en producción, pueden pasar varios años;

3. La expropiación constituye una medida que provocará en el corto plazo una disminución de las inversiones internacionales (precisamente necesarias para el desarrollo de los hidrocarburos), que acarreará además un encarecimiento de los fondos que se obtengan. Este es una conocida situación de causa-efecto;

4. A pesar de la medida, los argentinos deberemos seguir soportando el alto costo de importar hidrocarburos a precios mucho mayores a los que se pagan en el mercado doméstico (gas natural de Bolivia, LNG, hidrocarburos líquidos de Venezuela) y de los subsidios a la energía, los que necesariamente deben reducirse progresivamente;

5. A pesar de los interrogantes que planteábamos al principio, por lo menos es positivo que se busque mantener a la empresa como una sociedad anónima, y que no se pretenda administrarla como una empresa pública. En Sudamérica tenemos espejos donde mirarnos, y ojalá la nueva YPF pueda convertirse en otra Petrobras (Brasil), Ecopetrol (Colombia) o ENAP (Chile), que se caracterizan por su exitoso management. Manejar una empresa petrolera no es soplar y hacer botellas, y los niveles de dinero involucrados en su operación pueden ser inmensos (grandes tentaciones para el descontrol y corrupción). Es imperioso impedir que la empresa no se convierta en otra Aerolíneas, que pierde varios millones por día;

6. Argentina cuenta con inmensas reservas de gas “no convencional” (como el campo “Vaca Muerta” en Neuquén y otros). Su desarrollo podría cambiar drásticamente (para bien) es escenario energético nacional. De hecho, mientras la producción de YPF caía en 2011 otras empresas (como Total y Apache) registraron aumentos de producción proveniente de fuentes no convencionales. Es probable que el gobierno nacional –antes de embarcarse en tamaña decisión- haya mantenido conversaciones con inversores internacionales “de anchas espaldas” (como los Chinos) para encarar ese desarrollo a corto plazo;

7. El artículo16º del proyecto de ley expresa que “la gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, se efectuará con arreglo los siguientes principios: (…) b) la administración de YPF S.A. conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos; c) el gerenciamiento de YPF S.A a través de una gestión profesionalizada”. Dicha ley contempla también la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos. Salta deberá definir quiénes serán sus representantes en dicho Consejo y los Directores en la empresa en representación de la provincia. Sería aconsejable, en estricto cumplimiento de esos principios, que esas funciones sean desempeñadas por profesionales idóneos, con experiencia en la materia (mejor aún, elegidos de manera transparente mediante concurso público).

8. Igualmente, queda todavía por aclarar el rol de ENARSA y deberá definirse si la empresa provincial de minería y energía (REMSA S.A.) será quien corporice la participación de Salta en YPF, para evitar competencia de ambas empresas en el territorio provincial.

Por último, la nueva YPF deberá tener en cuenta los demás temas que cualquier otra empresa petrolera de primera línea tiene en su agenda como prioridades: reposición de reservas, eficiencia en explotación de los recursos (sostenibilidad económica, social y ambiental), transparencia y estricto corporate governance, permanente profesionalización de cuadros gerenciales y retención del mejor recurso humano, “compre-nacional” en condiciones equivalentes, I&D en energías limpias, entre otros.

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